12/6/2025 – El proceso de reprivatización de las importantes represas del Comahue, que en conjunto generan cerca del 25% de la energía hidroeléctrica del país, avanza tras un crucial acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro. Este entendimiento, sellado por los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck con la Nación, allana el camino para el inminente llamado a licitación de las concesiones de las centrales Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita, cuyos contratos vencieron en 2023. La Secretaría de Energía ultima los detalles para lanzar los pliegos licitatorios en los próximos días, marcando el inicio formal de este nuevo esquema.
La postergación del llamado a licitación, originalmente previsto para fines de abril, se debió a la búsqueda de consenso con las provincias patagónicas, que se negaban a quedar excluidas del negocio hidroeléctrico. Neuquén y Río Negro, amparadas en el artículo 124 de la Constitución Nacional que reconoce la propiedad provincial de los recursos naturales, exigían una participación en las empresas operadoras. Si bien habían aprobado leyes para fijar nuevos cánones por el uso del agua, estas normas no fueron reglamentadas ni aplicadas hasta el momento.
El acuerdo alcanzado evita objeciones políticas y legales, una condición que la Nación consideraba indispensable para avanzar. Aunque se desestimó cualquier participación accionaria provincial en las empresas operadoras, según lo establecido por el Decreto 718/2024, las provincias recibirán un canon del 1% por el uso del recurso hídrico para la generación hidroeléctrica. Esta compensación adicional se suma a las regalías hidroeléctricas del 12% sobre la venta de energía, que ahora las provincias podrán optar por cobrar en especie.
Un aspecto novedoso de esta licitación será el precio diferencial que deberán ofrecer las nuevas concesionarias. Durante los primeros dos años, el 95% de la energía generada deberá destinarse a la demanda prioritaria, como usuarios residenciales, a un precio regulado de entre 15 y 20 dólares por MWh, significativamente inferior al costo monómico actual de 68 dólares. El 5% restante podrá comercializarse a precio libre, con una expansión gradual de esta cuota en el tiempo.
Este modelo busca evitar un alza brusca en los precios de la energía que impacte en las facturas de los hogares o incremente los subsidios estatales, buscando contener la inflación sin desincentivar la inversión privada. Con Neuquén y Río Negro asegurándose una renta directa por el uso del agua, el proceso de reprivatización de las represas del Comahue entra en su fase decisiva, redefiniendo el control de uno de los complejos hidroeléctricos más estratégicos del país.