Milei busca derogar regímenes especiales para el sector petrolero y apuesta al RIGI como nuevo marco de inversión en Vaca Muerta.

5/5/2026 – En una movida que busca reordenar los incentivos fiscales y cambiarios, el Ejecutivo nacional presentó un proyecto de ley que elimina normativas históricas de promoción petrolera, argumentando que el Estado ya no puede financiar beneficios excepcionales.

La propuesta legislativa pone la mira en el emblemático Decreto 929/2013, una norma nacida bajo la gestión de Cristina Kirchner para viabilizar el desembarco de la estadounidense Chevron en Loma Campana. Aquel régimen, que permitía la libre disponibilidad del 20% de la producción para exportación sin retenciones, es considerado hoy por el Gobierno como un costo que el Estado no puede continuar sosteniendo. Del mismo modo, el proyecto busca eliminar la ampliación de beneficios de la Ley 27.007 (2014) y el Decreto 277/2022, este último creado durante la gestión de Alberto Fernández para facilitar el acceso a divisas ante la escasez de reservas.

Desde la Casa Rosada sostienen que estas normativas, aunque fueron instrumentos adecuados en su momento para sortear el cepo y la inseguridad jurídica, han quedado obsoletas frente a las reformas estructurales recientes. La apuesta oficial es que el RIGI centralice los incentivos, ofreciendo previsibilidad de largo plazo y libre acceso al mercado de cambios sin necesidad de regímenes a medida en Vaca Muerta.

Para evitar litigios y señales contradictorias al mercado, el proyecto aclara que se respetarán los beneficios ya otorgados bajo el esquema de 2013. Aquellas empresas que ya operan bajo dicho decreto podrán continuar exportando su cupo del 20% con arancel cero. Sin embargo, el esquema se cierra para nuevos proyectos, que deberán volcarse a las herramientas generales de la Ley Bases.

La reforma no se limita al petróleo y gas. El articulado retoma la polémica reducción de los subsidios por zona fría, una medida que impactaría directamente en las boletas de gas de las regiones con bajas temperaturas. Por otro lado, el proyecto incluye un capítulo de borrón y cuenta nueva para el sector eléctrico, contemplando la regularización de deudas cruzadas con las distribuidoras Edenor y Edesur. Finalmente, y como contrapeso a la eliminación de incentivos fósiles, el Gobierno propone extender los beneficios fiscales por 20 años para las energías renovables, buscando asegurar que la transición hacia fuentes eólicas y solares no pierda impulso frente a los cambios macroeconómicos.