19/5/2026 – La estructura productiva de Argentina experimenta una mutación radical bajo la actual administración nacional, impulsada por un severo cambio de reglas macroeconómicas y la puesta en marcha de regímenes normativos clave como el RIGI y el RIMI, este último orientado a las medianas firmas. El mapa de la actividad económica se redefine por completo a partir de una marcada inclinación hacia las exportaciones y la explotación de recursos primarios, donde la minería y la energía asumen el rol principal, dejando a la formación geológica de Vaca Muerta como el núcleo central del nuevo modelo. No obstante, este escenario de transformación forzada exhibe una marcada polarización, dado que la masiva llegada de capitales y la expectativa de empleo en las actividades extractivas conviven con una contracción severa y sin precedentes del entramado comercial e industrial tradicional.
Un relevamiento pormenorizado elaborado por los equipos técnicos de la Fundación Mediterránea da cuenta de cómo los anuncios de inversión consolidados durante el último año y medio están descentralizando el peso económico hacia nuevas regiones geográficas. El sur del país comanda esta tendencia, dado que la Patagonia concentra compromisos de inversión por un total de 12.284 millones de dólares, apalancados centralmente en los desarrollos no convencionales de petróleo y gas en Vaca Muerta, posicionando de manera definitiva a Neuquén y Río Negro como el centro neurálgico del sector. A su vez, la región de Cuyo capta el segundo mayor flujo de capitales con 10.146 millones de dólares, traccionados de forma unánime por el resurgimiento de los proyectos metalíferos de cobre y oro en territorio sanjuanino. Detrás se ubica la región del Noroeste Argentino, que computa anuncios por 7.705 millones de dólares destinados principalmente a la minería de litio en las provincias de Salta y Catamarca, además de los desarrollos agroindustriales en Tucumán.
El debate principal radica en la capacidad de estas industrias para absorber la mano de obra remanente de los sectores urbanos tradicionales, los cuales muestran un persistente declive. Desde el centro de estudios I+D señalan que la velocidad de destrucción del empleo fabril es crítica, estimándose una pérdida neta de nueve puestos laborales por hora en el sector manufacturero. En contraposición, las estimaciones del IERAL reflejan que las nuevas inversiones dinamizarán el mercado laboral de las provincias receptoras, proyectando la creación de 35.564 empleos en la Patagonia. Los analistas ponderan que, aun tratándose de un segmento intensivo en el uso de maquinaria y capital, el sector energético despliega un enorme efecto multiplicador, al punto de que un único proyecto de hidrocarburos prevé demandar unos 19 mil trabajadores a través de contratos de servicios y obras civiles.
Las proyecciones para Cuyo alcanzan los 27.000 nuevos puestos de trabajo vinculados a la minería de gran escala y a la reactivación alimenticia en San Luis. Por otra parte, la región del Noreste Argentino exhibe un rendimiento social singular, puesto que con compromisos de capital más acotados, estimados en 2.658 millones de dólares, prevé generar 13.718 empleos, equiparando el impacto de la Región Centro. Este fenómeno responde directamente al peso de la forestoindustria en Corrientes, donde una sola planta de celulosa proyecta incorporar 13.000 operarios, evidenciando la capacidad de inserción laboral que poseen las actividades basadas en recursos naturales. Una realidad distinta se observa en el Noroeste Argentino, donde los proyectos de litio estiman apenas 11.150 empleos, una cifra moderada frente al volumen de fondos que ingresan, lo que abre el interrogante sobre la necesidad de implementar marcos regulatorios locales que amplíen el uso de proveedores regionales para masificar el empleo.
En la vereda opuesta de los indicadores mineros y energéticos se sitúa la realidad del empresariado pyme y comercial clásico, bajo un escenario que la organización Fundar describe como extremadamente complejo. Desde el recambio de gestión a fines de 2023, el informe reporta el cierre definitivo de 24.437 empresas a nivel nacional, lo que representa una contracción del 4,8% en el stock total de compañías operativas en el país. De acuerdo con el documento técnico, se trata del retroceso más profundo registrado durante los primeros 27 meses de un mandato presidencial, superando las tasas de mortalidad empresarial observadas en el transcurso de la crisis global por la pandemia.
Al desagregar el impacto por sectores, el transporte y el almacenamiento lideran las estadísticas de pérdidas con una reducción del 15,7% de sus firmas activas, lo que se traduce en la desaparición de 6.193 empresas. El rubro inmobiliario sigue el mismo rumbo con una caída del 11,98%, mientras que las empresas constructoras anotaron una baja del 9,6%. Geográficamente, la contracción golpeó con mayor dureza a los sectores productivos de La Rioja, Catamarca y Chaco. Dentro de este complejo panorama, la provincia de Neuquén destaca como la única excepción regulatoria y económica del territorio, registrando un incremento del 2,1% en su cantidad de firmas activas, consolidándose como un polo de resistencia económica sostenido exclusivamente por el avance constante de Vaca Muerta.