10/5/2025 – El gobierno nacional ha dado un paso significativo en la reconfiguración del sector energético argentino al anunciar la licitación de las principales represas hidroeléctricas del Comahue. A través de la Resolución Conjunta 2/2025, se permitirá a las provincias de Neuquén y Río Negro participar en el proceso, aunque las condiciones establecidas han generado reacciones mixtas entre los actores políticos regionales.
Según la resolución, las provincias tendrán la oportunidad de adquirir hasta un 10% del capital accionario en las nuevas concesiones mediante la compra de acciones clase B. Sin embargo, esta opción no será automática ni gratuita; las provincias deberán pagar el mismo precio que los inversores privados, lo que ha suscitado críticas sobre la equidad de esta medida.
Cada provincia también podrá designar un veedor para supervisar el proceso licitatorio, lo que busca garantizar una mayor transparencia y control técnico, aunque sin derecho a influir directamente en las decisiones.
El Ejecutivo central pretende atraer a un amplio espectro de empresas para operar las represas, con la expectativa de que se sumen a las actuales concesionarias firmas como YPF Luz, Pampa Energía, Genneia y Total Energies, así como fondos de inversión internacionales, incluyendo algunos de origen chino.
Las represas que serán objeto de la licitación son El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Pichi Picún Leufú. Actualmente, estas instalaciones están bajo el control de empresas como AES y ENEL, cuyas concesiones han expirado o están en prórroga.
Esta decisión del gobierno se produce tras la insistencia de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), quienes han exigido una mayor participación en la gestión de los recursos energéticos de sus provincias. Sin embargo, el gobierno no ha accedido a reconocer derechos históricos ni a ajustar criterios jurisdiccionales en este ámbito.
Uno de los cambios más relevantes en la normativa es la modificación en el cálculo de regalías hidroeléctricas. Las concesionarias deberán ahora abonar el 12% del valor total de la energía vendida, lo que se traduce en un aumento significativo de los ingresos para las provincias, un reclamo histórico que ha encontrado eco en sus demandas.
El proceso licitatorio será de carácter nacional e internacional, coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Secretaría de Energía, con Enarsa encargándose de la valuación de activos a través de una firma internacional. Cammesa, por su parte, gestionará la información técnica necesaria para los interesados.
La respuesta a esta medida en Neuquén y Río Negro ha sido variada. Si bien algunos sectores han expresado su descontento por la falta de reconocimiento a la soberanía energética regional, otros han valorado la nueva estructura de regalías y la posibilidad de fiscalizar el proceso mediante veedores.
Mientras tanto, las operadoras actuales continúan al mando de las represas bajo un esquema de prórroga temporal, ya que las concesiones originales, otorgadas en 1993, vencieron en agosto de 2023 pero se han extendido para garantizar la continuidad operativa.
Las represas del Comahue son fundamentales para el sistema energético argentino, aportando entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional, con una potencia instalada total de 4.170 MW. Con el futuro de estas instalaciones en juego, el interés del sector público y privado es palpable.
A medida que se definen los plazos y criterios de evaluación, el camino hacia una nueva etapa en la gestión hidroeléctrica del Comahue se ha iniciado, generando un intenso debate sobre el equilibrio entre la nación, las provincias y el mercado en la administración de los recursos energéticos.