10/9/2026 – El Gobierno argentino ha puesto bajo la lupa al ambicioso proyecto Vaca Muerta Oil Sur debido a la participación de dos compañías neerlandesas que actualmente enfrentan una investigación por mantener vínculos con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Las firmas Fugro NV y Bluewater Energy Services, contratadas para prestar servicios esenciales en esta megaobra, podrían recibir fuertes sanciones enmarcadas en la política oficial sobre la región austral.
La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, está a cargo de un consorcio liderado por YPF junto a importantes petroleras como Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol. El plan contempla la construcción de un oleoducto de unos 600 kilómetros y una inversión estimada en 3.000 millones de dólares, infraestructura clave para evacuar una producción inicial de 120.000 barriles diarios de petróleo desde Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.
El conflicto legal surge a partir de la Ley 26.659, vigente desde 2011, la cual prohíbe de manera estricta operar en el país a cualquier empresa que participe en exploraciones o explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas por la Nación en la plataforma continental de las Islas Malvinas. En este contexto, se detectó que Fugro realizó estudios geotécnicos en el golfo de San Matías para el trazado del oleoducto, mientras que Bluewater avanzó en la construcción de las monoboyas destinadas a la exportación de crudo desde la terminal de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, a pesar de haber prestado servicios previos en el área offshore Sea Lion en Malvinas. Esta situación pone en tensión la continuidad de los proveedores europeos frente a las normativas nacionales que protegen la soberanía sobre el Atlántico Sur.