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21/2/2026 – El Decreto 105/2026, publicado el 19 de febrero en el Boletín Oficial, modifica la reglamentación original de la Ley Bases para profundizar el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en el sector energético. Esta normativa extiende el plazo de adhesión hasta el 8 de julio de 2027, otorgando un año adicional para que las compañías estructuren proyectos de alta complejidad técnica y financiera que requieren estabilidad a largo plazo. La medida busca captar capitales de gran escala, especialmente en el desarrollo de nuevos bloques de hidrocarburos no convencionales que actúen como motores de la economía nacional.
En cuanto a las exigencias de capital, el nuevo texto fija un piso mínimo de inversión de seiscientos millones de dólares para los desarrollos en tierra, una cifra que triplica el umbral de otros sectores y se equipara a los requerimientos de las plantas de gas natural licuado. Por el contrario, la exploración costa afuera mantiene un piso de doscientos millones de dólares debido al elevado riesgo geológico que implican las operaciones en el mar. Con estas definiciones, el Gobierno establece un marco de selectividad que prioriza los proyectos de exportación masiva en Vaca Muerta sobre las iniciativas marginales o de mediana escala.
La firma del Decreto 105/2026 marca un punto de inflexión en la política energética nacional al profundizar el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta normativa no debe entenderse como un cambio técnico aislado, sino como una decisión política que refuerza el modelo productivo centrado en Vaca Muerta, otorgando un marco de previsibilidad y escala sin precedentes para el sector petrolero. Al extender el plazo de adhesión al régimen hasta julio de 2027, el Poder Ejecutivo busca garantizar que los proyectos de gran envergadura cuenten con el tiempo necesario para estructurar sus esquemas financieros y operativos bajo beneficios fiscales y cambiarios de largo plazo.
Una de las modificaciones más significativas que introduce este decreto es la inclusión explícita de los desarrollos onshore, lo que habilita plenamente al corazón del shale neuquino para acceder a las ventajas del sistema. Sin embargo, la norma establece un umbral de inversión elevado, fijando un piso mínimo de seiscientos millones de dólares para nuevos emprendimientos en tierra. Este requisito deja claro que el objetivo gubernamental apunta a proyectos de escala masiva que prioricen la capacidad exportadora, facilitando la amortización acelerada de inversiones y otorgando un tratamiento favorable para el giro de dividendos y la importación de bienes de capital.
Para la provincia de Neuquén, el impacto de este decreto se traduce en una potencial aceleración de la actividad económica. El incremento en la producción no solo fortalece la recaudación de regalías que nutren el presupuesto provincial, sino que también dinamiza el empleo en sectores directos e indirectos como los servicios petroleros, la construcción y la logística. No obstante, este crecimiento trae aparejados desafíos estructurales para el ciudadano común, ya que la expansión de la frontera hidrocarburífera suele derivar en una mayor presión sobre la infraestructura vial, un aumento en la demanda de servicios públicos y una escalada en los costos de vida y alquileres en las zonas de influencia.
En definitiva, el Decreto 105/2026 consolida a Vaca Muerta como el motor estratégico para la generación de divisas en Argentina. Al favorecer la integración entre la producción y el transporte, el nuevo esquema normativo beneficia principalmente a las grandes operadoras capaces de movilizar capitales intensivos. Mientras el sector energético recibe una señal de continuidad y estabilidad jurídica, la sociedad observa un modelo que apuesta a la exportación de hidrocarburos como eje del desarrollo, supeditando el éxito de la medida a la concreción efectiva de los desembolsos proyectados en un mercado global altamente competitivo.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/338519/20260219