27/9/2025 – Argentina presentó sus argumentos de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en un esfuerzo crucial por revocar la orden judicial que exige la entrega de acciones de YPF a fondos litigantes. El país busca frenar una medida que ha calificado como un «desastre legal y diplomático» y una «intrusión en la soberanía extranjera».
La disputa se remonta a la nacionalización de la petrolera en 2012. Tras ganar un juicio en 2023, la jueza de distrito Loretta Preska condenó a Argentina a pagar $16.100 millones de dólares a las firmas litigantes Burford Capital y Eton Park. Sin embargo, el conflicto escaló el pasado 30 de junio, cuando la jueza dictó una orden para que Argentina cediera su participación del 51% en YPF como método de ejecución de la sentencia.
En sus alegatos iniciales presentados esta semana, el Estado argentino argumentó que la orden de la jueza Preska no tiene antecedentes y representa un riesgo serio para el derecho internacional.
Argentina sostiene que la decisión judicial busca forzar a un país soberano a «violar sus propias leyes y transferir sus bienes ubicados dentro de sus fronteras a EE. UU.» para saldar una deuda. Esto, según el país, constituye una violación directa de su soberanía nacional.
El proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos obtuvo un respiro el 15 de julio, cuando se dictó una suspensión administrativa temporal de la orden de Preska, a la espera de los escritos de las partes. La presentación de argumentos orales está fijada para el próximo 29 de octubre.
Un dato clave que juega a favor de Argentina es la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos como amicus curiae (amigo del tribunal).
En sus escritos, Argentina citó el apoyo del Gobierno estadounidense, que advirtió a la corte que confirmar la orden de embargo de YPF sería «profundamente lesivo para los intereses de EE. UU.». El Departamento de Justicia alertó sobre el riesgo de un trato recíproco a bienes estadounidenses en el exterior y el potencial daño a las relaciones con un «aliado importante» como Argentina.
La relevancia del caso se subraya por el papel fundamental de YPF en la economía argentina. La petrolera, controlada por el Estado, es la mayor productora de hidrocarburos del país (40% del petróleo y 30% del gas) y lidera el desarrollo de la estratégica formación de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta.
La decisión final de la Cámara de Apelaciones será crucial, ya que determinará si se mantiene el principio de la inmunidad soberana o si se abre una nueva y peligrosa puerta legal para embargar activos de un Estado extranjero dentro de sus propias fronteras.